Una política de open access coja

Acaba de publicarse en el BOE la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Su artículo 37 se refiere en exclusiva a la publicación en open access de los artículos que tengan financiación pública. Reproducimos el contenido:

“Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales.
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.”
Total, lo que en los primeros cinco puntos del artículo parece un mandato institucional para la publicación en abierto, el punto sexto se encarga de poner las cosas en su sitio ya que todo el mundo conoce las cesiones sistemáticas que se producen de los derechos de explotación a favor de las empresas que publican las revistas científicas.

El único resquicio que parece asomarse en la nueva Ley respecto al open access es el punto segundo, cuando se refiere a la obligación de publicar contenidos que hayan sido aceptados, es decir, que cabe la posibilidad de publicar los preprints en los repositorios institucionales de las universidades españolas.

Publicado el 2 de junio de 2011 en acceso abierto, legislación, repositorios. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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